El gobierno de Trump y la “Regla de Carga Pública”

En un intento por reducir la inmigración y estrechar las oportunidades para que los extranjeros obtengan residencia legal permanente o Green Card (tarjeta verde), la administración actual de los Estados Unidos, liderada por el presidente Donald Trump, reestructuró y transformó la “Regla de Carga Pública.”

Esta regla fue implementada por primera vez en la Ley de Inmigración de 1882. Básicamente, esta regla previene que los inmigrantes obtengan permisos legales si pudiesen convertirse en una carga pública, lo que quiere decir que podrían depender de beneficios, programas y ayudas ofrecidas por el gobierno local.

Sin embargo, la administración de Trump cambió drásticamente esta regla en el 2019, aumentando los requerimientos para que los inmigrantes puedan obtener residencia legal permanente. La “Nueva Regla de Carga Pública” declara que si los inmigrantes utilizaron beneficios públicos (como vales de vivienda, cupones de alimento o Medicaid) por 12 meses en un periodo de 36 meses, no serían elegibles para obtener una Tarjeta Verde.

El gobierno de Trump ha recibido innumerables críticas por implementar esta regla ya que, en la opinión de activistas, podría significar que, si los inmigrantes no aprueban una “prueba de riqueza”, son inadmisibles en los Estados Unidos, lo que contradice la constitución y los valores de la nación.

Añadiendo a eso, la pandemia global de Coronavirus aumentó la controversia alrededor de esta regla, ya que los extranjeros evitan buscar asistencia médica por proteger su estatus migratorio, lo cual aumenta el riesgo sanitario y empeora la crisis actual.

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Corte de apelaciones suspende la regla de carga pública de nuevo

La “Regla de Carga Pública” ha atravesado múltiples procesos legales y el gobierno de Trump ha tenido que responder a decenas de demandas judiciales.

Veamos algunos hechos importantes:

• En julio del 2020, un juez de Nueva York declaró que negar solicitudes de inmigración bajo la premisa de carga pública no era válido durante la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus.
• En septiembre, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito permitió la implementación de la regla de carga pública a nivel nacional a pesar de la emergencia de salud.
• Un día antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el 2 de noviembre, un juez de Illinois anuló la regla de carga pública de nuevo, argumentando que los cambios del gobierno de Trump sobre la regla eran “arbitrarios y caprichosos.”
• El día de las elecciones, el 3 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito anuló la sentencia del juez de Illinois y permitió la reimplementación de la regla de carga pública de nuevo.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito intervino en el caso de la “Nueva Regla de Carga Pública” y, el miércoles 2 de diciembre, con 2 votos contra 1, falló en contra de la regla y declaró que los argumentos del gobierno de Trump contradicen las repercusiones de la regla.

El gobierno de Trump argumenta que la regla protege la economía y evita que las comunidades de inmigrantes se conviertan en una carga innecesaria para los gobiernos locales de los estados. Sin embargo, si los inmigrantes no tienen recursos básicos y dejan de utilizar beneficios públicos, ellos buscarán entidades u organizaciones locales que ofrezcan programas humanitarios de suministros alimenticios y ayuda financiera, lo que podría afectar tremendamente la economía de los estados.

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