Batalla legal debido a la “Regla de Carga Pública”

En un intento constante por frenar y reducir la inmigración, tanto legal como ilegal, el gobierno de Trump ha implementado múltiples políticas que afectan los procesos de inmigración e incrementan restricciones para que los extranjeros puedan obtener un permiso de entrada o residencia legal en los Estados Unidos.

Ese es el caso de la “Regla de Carga Pública”, una política migratoria que fue reestructurada por el gobierno de Trump y declara que las solicitudes de inmigración podrían ser rechazadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) si la información personal de los solicitantes indica que podrían convertirse en una carga para la economía o el gobierno.

Por ejemplo, si los inmigrantes han utilizado beneficios públicos, como cupones de alimento o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), por 12 meses en un periodo de 36 meses, sus solicitudes de residencia legal permanente podrían ser rechazadas. También se tienen en cuenta detalles como información financiera, posesiones personales, solvencia económica, edad, nivel de estudios, entre otros.

Debido a que hay inmigrantes que han tenido que utilizar beneficios públicos porque atraviesan circunstancias económicas difíciles, decenas de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes alzaron su voz en contra de la “Regla de Carga Pública” y la insistencia del gobierno de Trump por reducir la inmigración. Esto ha hecho que la batalla legal alrededor de esta regla aún continúe.

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“Regla de Carga Pública” en medio de las elecciones presidenciales

La batalla legal de la “Regla de Carga Pública” ha estado presente durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

De hecho, el 2 de noviembre del 2020, solo un día antes de las elecciones, un juez federal bloqueó la implementación de esta regla, declarando que el gobierno de Trump no expuso detalladamente los lineamientos de la regla y había información confusa para los solicitantes. Añadiendo a eso, el juez declaró que las consecuencias de esta regla podrían ser verdaderamente devastadoras para miles de inmigrantes.

Sin embargo, el 3 de noviembre del 2020, el día de las elecciones presidenciales, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito anuló el veredicto de la corte de primera instancia y le dio luz verde al gobierno de Trump para continuar con la implementación de la “Regla de Carga Pública” a nivel nacional.

Esta no es la primera vez que esta política migratoria atraviesa procesos legales como este. De hecho, una corte había suspendido esta regla durante el brote masivo de Coronavirus en el territorio norteamericano para evitar que los inmigrantes se abstuvieran de recibir asistencia médica por miedo a ser deportados o a que sus aplicaciones recibieran respuestas negativas por parte del USCIS. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito removió esta restricción en septiembre del 2020.

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