La administración de Biden debe implementar la política del MPP

En medio de múltiples procesos legales y críticas por partes de los grupos de la oposición, la administración de Biden ha enfrentado retos gigantescos y varios obstáculos para poder llevar a cabo una de sus metas principales, reformar el sistema de inmigración entero.

De hecho, recientemente, los planes de la administración de Biden con respecto a los solicitantes de asilo fueron interceptados por un juez federal de Texas y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

El martes 24 de agosto, la Corte Suprema respaldó la decisión del juez de Texas, la cual ordena a la administración de Biden reimplementar la política del MPP (Protocolos de Protección al Migrante), un programa que afecta a los solicitantes de asilo y las metas de Biden con respecto al sistema de inmigración.

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¿Qué es el MPP y cuál es su propósito?

La política del MPP, también conocida como “Permanecer en México”, fue implementada inicialmente por la administración de Trump en el 2019 con el propósito de frenar el ingreso de solicitantes de asilo a los Estados Unidos.

A grandes rasgos, esta regla declara que los solicitantes de asilo deben permanecer en el territorio mexicano hasta recibir una respuesta a sus casos de inmigración, lo cual usualmente toma un periodo de tiempo considerable.

Dadas las condiciones pobres y riesgosas en las que los solicitantes de asilo han vivido en México bajo el MPP, el presidente Biden suspendió esta política durante sus primeros días en el cargo y posteriormente dio luz verde para rescindirla permanentemente.

No obstante, la orden de la Corte Suprema revierte las acciones de Biden sobre este programa y obliga de nuevo a cientos de miles de solicitantes de asilo a permanecer en México.

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Demócratas urgen a Biden luchar para no revivir la política del MPP

Desde que la Corte Suprema respaldó y apoyó la decisión del juez de Texas con respecto al programa de “Permanecer en México”, varios líderes Demócratas y defensores de los derechos de los inmigrantes han pedido a la administración de Biden actuar prontamente para luchar contra la reimplementación de esta política “anti-inmigrante y draconiana”.

Para dar un ejemplo específico, el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien pertenece al partido político Demócrata, declaró el miércoles 25 de agosto que la administración actual tiene el deber, la obligación moral y los medios para “restringir y poner fin legal a la implementación de esta vergonzosa política”.

Añadiendo a eso, otros líderes políticos han argumentado que esta política no fue efectiva y que su implementación inicial fue ilegítima y no tenía fundamentos.

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