Gobierno de Biden desecha la Regla de Carga Pública

La Regla de Carga Pública es una política migratoria que ha estado presente desde hace más de 100 años en los Estados Unidos, pero múltiples administraciones la han removido temporalmente o remodelado dependiendo de sus ideales, propuestas y metas migratorias. Esta regla intenta prevenir que las comunidades de inmigrantes se conviertan en una carga para la economía local.

La última versión de esta regla fue implementada por la administración de Donald Trump, la cual planeaba restringir los procesos migratorios legales y frenar la inmigración ilegal a toda costa. La Regla de Carga Pública de Trump, implementada oficialmente a finales de febrero del 2020, les permitía a los oficiales de inmigración rechazar ciertas solicitudes si los inmigrantes habían utilizado uno o más beneficios públicos por 12 meses en un periodo de 3 años. Con esto, hacemos referencia a beneficios sociales como cupones de alimento, servicios médicos como Medicaid, Ingreso de Seguridad Suplementario, entre otros.

Esta política migratoria enfrentó múltiples procesos legales bajo la administración de Donald Trump y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ya tenía varias apelaciones programadas con respecto a esta regla. Sin embargo, la administración de Biden le pidió a la Corte Suprema invalidar las apelaciones pendientes ya que no planeaba defender la Regla de Carga Pública de Trump.

La Corte Suprema accedió a esta solicitud el 9 de marzo del 2021, lo que significa que la Regla de Carga Pública está actualmente inactiva hasta nuevo aviso, o hasta que la administración de Biden la rescinda permanentemente.

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¿Qué significa esto para las comunidades de inmigrantes?

Es importante recordar que aún estamos atravesando por una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. La pandemia global de Coronavirus se esparció incontrolable y rápidamente alrededor del mundo y el sistema de salud global se saturó en cuestión de semanas.

En el caso de los Estados Unidos, el epicentro principal de la pandemia, miles de inmigrantes se abstuvieron de buscar asistencia médica en medio de la emergencia sanitaria por miedo a las políticas restrictivas de Trump, incluyendo la Regla de Carga Pública, las cuales amenazaban su estatus migratorio legal y aumentaban el riesgo de deportación.

Durante el 2020, varias cortes intervinieron en la controversia de la Regla de Carga Pública y la invalidaron y validaron de nuevo múltiples veces. Sin embargo, así la regla no haya estado constantemente activa, las comunidades de inmigrantes evitaban solicitar cualquier tipo de servicio público por miedo a la deportación.

Por ende, ahora que la administración de Biden suspendió la Regla de Carga Pública y no presentará defensa frente a la Corte Suprema, las comunidades de inmigrantes pueden acceder a servicios de salud, vivienda y nutrición en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

Añadiendo a eso, es imperativo tener en cuenta que el proyecto de vacunación nacional está actualmente en marcha y es crucial que las comunidades de inmigrantes también estén incluidas en este programa ya que muchos extranjeros trabajan en sectores importantes del mercado local y podrían convertirse en portadores pasivos del virus si los gobiernos locales no las integran en el proyecto de vacunación.

De hecho, la administración de Biden recientemente prohibió a las fuerzas fronterizas arrestar inmigrantes indocumentados en o cerca de los Centros de Vacunación alrededor de los Estados Unidos, lo que ofrece más seguridad a las comunidades de inmigrantes a la hora de participar en el proyecto de vacunación nacional.

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