Biden intenta transformar el sistema de inmigración

Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero del 2021, su administración se ha enfocado, entre muchas otras cosas, en reparar los daños causados por la administración de Trump sobre el sistema de inmigración y rescindir permanentemente políticas restrictivas que afectan a poblaciones de inmigrantes, tanto aquellas que ya residen al interior de los Estados Unidos como aquellas que planean venir al país.

Biden ha removido más de 15 limitaciones implementadas por la administración previa sobre el sector de la inmigración, las cuales dificultaban substancialmente los procesos migratorios existentes. Añadiendo a eso, la administración actual está intentado acercarse de una manera más humana a la aplicación de la ley de inmigración para reestructurar el sistema de detención y deportación de los Estados Unidos.

El gobierno de Biden es consciente de que la administración de Trump realizó más de 400 cambios sobre la inmigración por medio de toda clase de acciones ejecutivas. Por ende, debido a que el presidente Biden planea reformar el sistema de inmigración entero, su administración enfrenta un reto sin precedentes, y lograr esta meta podría tomar muchos meses, incluso años.

Es importante tener en cuenta que muchos de las políticas del gobierno de Trump son casi invisibles y afectan casos específicos de inmigrantes que buscan protección internacional a través del asilo político u otros programas humanitarios. Por lo tanto, la administración de Biden tiene la tarea de revisar exhaustivamente la profundidad de los cambios implementados por Trump sobre la inmigración.

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Trump deja marcas profundas en las cortes de inmigración

Uno de los legados de Trump tiene que ver con las cortes de inmigración. La administración de Trump contrató a aproximadamente 346 jueces de inmigración de las 520 posiciones de por vida disponibles en las cortes de inmigración de los Estados Unidos, lo que equivale a dos-tercios de los jueces de inmigración a nivel nacional.

Muchos de los casos que se revisan en las cortes de inmigración son las solicitudes de asilo político, el cual es un programa humanitario disponibles para inmigrantes que piden protección en los Estados Unidos mientras intentan huir de situaciones precarias como la persecución, la violencia, el abuso o la guerra.

No es un secreto que el expresidente Trump no estaba enteramente de acuerdo con los programas humanitarios y planeaba reemplazar los procesos actuales por un sistema de inmigración basado en el mérito. Por ende, su administración intentó estrechar considerablemente las alternativas disponibles para las poblaciones de inmigrantes más vulnerables.

El hecho de que la administración de Trump haya contratado a una gran cantidad de jueces de inmigración hace que la tasa de deportación aumente, sobre todo cuando se trata de solicitudes de asilo político. De hecho, las cifras oficiales muestran que los jueces contratados por Trump han rechazado el 69% de las solicitudes revisadas, mientras que los jueces contratados por administraciones previas han rechazado el 58% de las solicitudes.

En el 2018, el entonces Fiscal General Jeff Sessions, asistió a una de las clases para los jueces de inmigración recién contratados por la administración de Trump y declaró abiertamente que, “La gran mayoría de las solicitudes de asilo no son válidas (…) el número de extranjeros ilegales y el número de solicitudes infundadas disminuirá.”

Como podemos ver, la administración de Biden enfrenta grandes retos para reformar el sistema de inmigración entero y esa es la razón por la que debe abordar los temas más problemáticos relacionados con la inmigración asertiva y cautelosamente.

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