Inmigrantes en Massachusetts temen la deportación por recibir vacuna de COVID-19

De acuerdo con el testimonio de varios grupos de activistas y abogados de inmigración, hay cientos de inmigrantes en Massachusetts que no quieren recibir la dosis de vacuna contra el COVID-19 por miedo a la deportación o porque el gobierno actual podría poner su estatus migratorio en peligro.

Los grupos involucrados en el caso declaran que han recibido muchas llamadas por parte de inmigrantes que tienen preguntas acerca de la vacuna del COVID-19 y temen recibir la dosis debido a las políticas estrictas de la administración actual de los Estados Unidos y principalmente la “Regla de Carga Pública.”

A grandes rasgos, esta política declara que los inmigrantes que utilicen beneficios públicos como servicio médico Medicaid o cupones de alimentos por más de 12 meses, en un periodo de 36 meses, serían considerados una “carga pública” para el gobierno federal y el sistema económico local y sus solicitudes de inmigración podrían ser rechazadas bajo esta premisa.

La regla de carga pública estuvo inactiva la mayor parte del 2020 debido al brote masivo de Coronavirus en el territorio norteamericano. Las comunidades de inmigrantes temían que sus solicitudes de residencia legal permanente fueran rechazadas bajo la premisa de carga pública por utilizar servicios médicos en medio de la crisis sanitaria.

Sin embargo, a pesar de que esta política estuvo inactiva durante la emergencia de salud, los inmigrantes aún temen buscar asistencia médica o recibir la vacuna del COVID-19 porque, según su opinión, el gobierno de Trump podría deportarlos en cualquier momento.

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Grupos de activistas entienden la preocupación de los inmigrantes

Los grupos de activistas y abogados de inmigración involucrados en el caso declaran que los inmigrantes tienen razones válidas para temer recibir la vacuna del COVID-19.

Es importante recordar que la administración actual de los Estados Unidos, liderada por el presidente Donald Trump, siempre ha querido restringir la inmigración y ha utilizado todas las herramientas a su disposición para frenar la inmigración ilegal y reducir la inmigración legal. Las comunidades de inmigrantes más vulnerables, incluyendo trabajadores esenciales sin documentación, ha tenido que sufrir las consecuencias de las políticas del gobierno de Trump, las cuales también aumentaron las deportaciones, tanto en las fronteras como al interior del país.

Por ende, según la opinión de los expertos, es entendible que ellos tengan miedo constante a la deportación y teman recibir la vacuna del COVID-19.

Sin embargo, si el gobierno federal no intenta mejorar la situación migratoria para que los trabajadores extranjeros reciban la dosis de la vacuna, eso podría generar otro brote masivo de COVID-19 en los Estados Unidos, retrasar el proceso para superar la coyuntura actual y afectar a la población estadounidense.

De hecho, uno de los activistas declara que “Se necesitará un esfuerzo significativo por parte de los funcionarios de salud pública y los gobiernos locales para llenar ese vacío de confianza para que los inmigrantes puedan acudir a vacunarse.”

Añadiendo a eso, ellos declaran que los inmigrantes deben entender que los profesionales de la salud no pueden compartir información personal de los pacientes con ninguna entidad federal durante el programa de vacunación, eso sería ilegal y podrían enfrentar procesos penales. Por ende, los funcionarios de la salud pública deben completar la sesión de vacunación “gratis, simple y sin preguntas.”

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