Varias demandas judiciales contra la moratoria de 100 días de Biden sobre las deportaciones

A inicios de febrero del 2021, el Fiscal General de Arizona Mark Brnovich, perteneciente al partido político Republicano, presentó una demanda judicial para detener la moratoria de 100 días de Biden sobre las deportaciones. A grandes rasgos, el presidente Biden planeaba suspender las órdenes de remoción de ciertos inmigrantes durante 100 días mientras que su administración implementaba nuevas medidas, protocolos y políticas sobre el sistema de deportación de los Estados Unidos.

El presidente Joe Biden explicó que esta moratoria le permitiría a su equipo analizar y evaluar los protocolos de deportación de la administración de Trump, remover políticas restrictivas y poder ofrecer más alternativas para los inmigrantes que residen actualmente en los Estados Unidos indocumentados, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos obligatorios como tener antecedentes criminales limpios y no representar una amenaza para la población local.

Arizona no fue el único estado que demandó a la administración de Biden por la moratoria sobre las deportaciones. De hecho, el Fiscal General de Texas presentó una demanda judicial similar a finales de enero y un juez local falló a favor de su petición, suspendiendo indefinidamente la prórroga de 100 días de Biden sobre las deportaciones.

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Montana se una a demanda presentada por Arizona para interceptar el plan migratorio de Biden

El lunes 8 de marzo del 2021, el Fiscal General de Montana Austin Knudsen, también perteneciente al partido político Republicano, se unió a la demanda judicial presentada por el Fiscal General de Arizona. La queja legal fue enmendada y ahora también incluye una solicitud para revocar una norma implementada por ICE (Inmigración y Control de Aduanas) el 18 de febrero.

Esta regla declara que ICE, la cual es una agencia federal encargada de hacer cumplir la ley de inmigración tanto en las fronteras como al interior de los Estados Unidos, podrá detener y deportar inmigrantes indocumentados solo bajo ciertos escenarios específicos como cuando el individuo:

• Ha cruzado recientemente las fronteras de los Estados Unidos sin documentación legal.
• Ha participado en crímenes agravados.
• Podría representar una amenaza para la población estadounidense o la seguridad nacional.

La demanda judicial declara que esta regla contradice la ley de los Estados Unidos ya que los inmigrantes que cruzan las fronteras sin autorización previa deberían ser deportados dentro de los siguientes 90 días después de recibir una orden de remoción final.

Los Fiscales Generales declaran que el gobierno federal debe cumplir con la aplicación de la ley de inmigración y que la deportación debería ser la consecuencia inevitable para inmigrantes que cruzan las fronteras ilegalmente, independientemente si han participado en crímenes graves o si podrían representar una amenaza para la población local o no.

Añadiendo a eso, Florida también está demandando a la administración de Biden por la misma instrucción, declarando que hay inmigrantes que cometen delitos menores y también representan una amenaza para la población local, pero que las entidades de inmigración ya no están interviniendo en estos casos, lo que podría aumentar el trafico de drogas y los asaltos menores.

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